Al día siguiente de que trascendiera que la Policía lo buscaba, el empresario Otto Fernando Barenbreuker (h) se presentó ante la Justicia y cumplió un trámite pendiente desde diciembre. En ese mismo acto, el imputado recusó a Stella Maris Arce, Wendy Kassar y Emilio Páez de la Torre, integrantes de la Sala VI de la Cámara Penal de esta capital. La orden de captura y detención existente en contra de Barenbreuker (h) cesó luego de que funcionarios del tribunal verificaran su domicilio real. El acusado debe enfrentar un juicio oral por la supuesta defraudación de derechos de fiduciantes sobre fideicomisos inmobiliarios en perjuicio de 19 clientes y de amenazas coactivas perpetradas contra uno de ellos.

Barenbreuker (h) ingresó al edificio del fuero penal provincial ayer después del mediodía y se encontró allí con un grupo de sus denunciantes que hacían guardia a la espera de novedades. El imputado acudió a la Sala VI acompañado por el abogado Federico Rengel puesto que su defensor, Alejandro Biagosch, está de licencia por razones de salud, según él mismo comentó a este diario. Minutos más tarde, cumplió la primera diligencia de la etapa oral e hizo sus planteos. El enjuiciamiento aún no tiene fecha de inicio y, debido a las circunstancias particulares de esta causa y a la saturación del sistema judicial, es posible que no sea celebrado durante este año.

“Es un caso político y mediático. ¿Cómo se van a enterar ustedes antes que nosotros de que existía una orden de captura? Hay un temor fundado de parcialidad. Por eso pedimos la nulidad y la suspensión de los plazos”, manifestó Biagosch este jueves, en una conversación telefónica. El defensor consideró que la noticia había sido filtrada por el propio tribunal y que, por ello, este debía ser apartado del proceso. Además, reprochó la “desaparición misteriosa” del escrito donde constaba el nuevo domicilio de su cliente. Biagosch aseguró que el tribunal había extraviado esa presentación y que, por ello, optó por acudir a la fuerza pública.

“Ya presenté el escrito original y se querían morir. El 21 de febrero me pidieron que informara dónde residía el arquitecto Barenbreuker (h) y yo cumplí con esa carga procesal el 7 de marzo. Pero ellos nunca tomaron nota de la modificación y de que mi defendido vive en un departamento que está al lado del primer domicilio que había denunciado. Las cédulas de notificación (de la convocatoria a comparecer en el tribunal) llegaban, pero nadie avisaba”, relató Biagosch en una conversación telefónica.

El abogado dijo que desde el comienzo hubo un intento de que el proceso avance “a toda costa” y con la vulneración de las garantías constitucionales. Biagosch expresó que la Sala VI citó a su cliente antes de que quedara firme la sentencia que confirmó la elevación de la causa a juicio. “A sabiendas de esto, siguieron adelante. Cuando me llaman para que denuncie el nuevo domicilio, pierden el papel. Luego acuden a la fuerza pública. No es broma lo que pasó”, añadió. En el expediente consta que Barenbreuker (h) había sido convocado en diciembre y que la Sala VI incluso averiguó el domicilio del imputado en el Juzgado Federal con competencia electoral.

Un local inexistente

Los reclamos contra el empresario empezaron a intensificarse hace cuatro años, según distintos testigos citados en la resolución del juez Alejandro Tomas (N°1), que controló la investigación desplegada por la fiscala Adriana Reinoso Cuello. La decisión de enjuiciar los posibles hechos ilícitos de naturaleza económica fue confirmada el 16 de octubre. En la fase de instrucción de las denuncias penales, la Justicia consideró que había pruebas suficientes respecto de la comisión de una presunta maniobra delictiva con departamentos y locales. Las irregularidades atribuidas a Barenbreuker (h) -y a proyectos de Mas & Rovira y del empresario Miguel de la Cruz Grandi- habían sido expuestas en “Panorama Tucumano”, ciclo televisivo de LA GACETA.

Rara vez un proceso de esta especie, que supone cierta sofisticación financiera y económica, avanza hasta el juicio oral. La figura de la defraudación de derechos de fiduciantes consta en el inciso 12 del artículo 173 del Código Penal y es reprimida con prisión de un mes a seis años. Ese tipo especial exige que el engaño o ardid haya sido ejecutado por el titular fiduciario, rol que, según la Justicia, habría cumplido el empresario imputado en su condición de socio gerente de la firma Barenbreuker & Asociados SRL. En términos generales, los denunciantes manifestaron, en algunos casos, que les habían entregado departamentos a medio hacer; carentes de papeles (sin “final de obra”) o con instalaciones anómalas de servicios públicos, y, en otros supuestos, que no habían recibido los inmuebles adquiridos “en pozo”.

La imputación formulada contra Barenbreuker (h) abarca los fideicomisos inmobiliarios armados para levantar cinco edificios (San Lorenzo 788, Las Heras 242, Virgen de la Merced 302/304, Las Heras 175 y Mendoza 45). Según la resolución de Tomas, en las operaciones cuestionadas intervino la escribana María Pía Stutz. A título de ejemplo, la fiscala Reinoso Cuello dictaminó que estaría probado que Silvia Patricia Saracco, la primera denunciante de Barenbreuker (h), pagó $ 800.000 en 2014 (U$S 94.000, según la cotización de esa época) a cambio de un local comercial en el emprendimiento de San Lorenzo 788 cuya construcción nunca comenzó.